El 2 de diciembre de 2015, el Presidente de la Cámara de los Diputados en Brasil, Eduardo Cunha, iniciaría el proceso de destitución de la entonces presidenta del país, Dilma Rousseff, con una denuncia ofertada por el procurador de justicia, Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale y Janaina Paschoal. La aceptación del proceso venía de varias acusaciones sobre una violación flagrante en la ley presupuestaria, además de sospechas sobre la implicación de la presidenta en diversos actos de corrupción de la compañía Petrobras, derivada de la investigación llamada Lava Jato. Sin embargo, poco a poco se fueron evidenciando varias faltas de pruebas en las implicaciones de crímenes dolosos, que justificarían la destitución. El equipo de defensa de la presidenta lucho incansablemente para demostrar la inocencia de Rousseff en contra de una mayoría corrupta y con voto del Congreso. Rousseff se declararía inocente y acusaría a la oposición, de ideología derechista, de perpetrar un golpe de estado parlamentario sin antecedentes. Esta es la historia de uno de los procesos más escandalosos en la historia del país sudamericano.
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