Paralelo a la realidad política y social que se vive en México desde varios años atrás, un hecho impune marcaría a un gobierno que trato de acallar las voces que manifestaban los abusos que sufrían por las autoridades de forma común y constante. En una zona violenta como el estado de Guerrero, dominado y manejado por organizaciones criminales, en cooperación con las autoridades estatales y los altos niveles de poder, sería la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando un autobús con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sería atacado, perseguido y baleado por un comando paramilitar y de la policía local, en la ciudad de Iguala. Algunos estudiantes trataron de escapar, otros intentaron comunicarse con familiares y amigos vía celular, en un enfrentamiento que dejo a nueve muertos, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Las investigaciones señalan un encubrimiento del gobierno, una falta de información y una corrupción que ha sido la característica de las autoridades mexicanas por los últimos años.
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